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plantilla pagina web32¿Qué tan efectiva es hoy la aplicabilidad del Convenio 169 de la OIT en Chile?. A 13 años de su ratificación, el abogado Sergio Millamán, asegura que actualmente “ni siquiera se pide opinión a los pueblos indígenas, y cuando se pide no es más que un acto formal de validar los resultados finales”. Por su parte, el miembro del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales, Miguel Melín, afirma que “la interculturalidad en la práctica refleja una práctica monocultural, ya que los planes están pensados bajo esta perspectiva”.

 

 

Empleo, formación profesional, educación, seguridad social y salud, derecho consuetudinario, instituciones tradicionales, promoción de las lenguas originarias, entre otras dimensiones, son algunas de las temáticas que busca garantizar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tratado internacional sobre pueblos indígenas y tribales que Chile suscribió el 15 de septiembre de 2009, con el objetivo de superar la marginalización generalizada, la pobreza y discriminación.

La relevancia de este Convenio originado en cooperación con el sistema de las Naciones Unidas, es “que articula los derechos humanos universales que se aplican a los pueblos indígenas”, es decir, al legislar toma en cuenta los contextos que rodean a los/las indígenas, pero teniendo como límite los derechos humanos.  En este sentido, Chile asume la responsabilidad de adaptarse principalmente a dos postulados básicos: “el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan”.

Según el “Manual para Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169): Manual para los mandantes tripartitos de la OIT”, son dos los principios fundamentales al momento de un proceso democrático e incluyente: la consulta y la participación indígena y tribal, los cuales se detallan en el artículo 6(1), el cual “estipula que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. 

En el caso de Chile, estos dos principios son los que menos se han potenciado en los últimos años por diversos motivos, así lo indica el abogado Sergio Millamán.  “Muchos problemas se reducen a que ni siquiera se pide opinión a los pueblos indígenas, y cuando se pide no es más que un acto formal de validar los resultados finales, pero no se integra en la dirección de procesos educativos, de salud, o de lo que se hace en el territorio”, dice el abogado.

Esto se condice con la perspectiva del profesor mapuche y miembro del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales (IEII), Miguel Melín, quien señala que “la interculturalidad en la práctica refleja una práctica monocultural, ya que los planes están pensados bajo esta perspectiva. Esto se evidencia cuando se añade la enseñanza del mapudungun pero desde el castellano, entonces no hay resultados donde niños salgan hablando esta lengua”, afirma Melín.

Sin embargo, el profesor aclara que evidentemente esto es una consecuencia de que los que diseñan los planes lo hacen bajo una lógica occidental y los profesores solo han podido ejecutar lo programado: 

“Los diseñadores de política no somos los mapuche, en el movimiento indígena continental, uno de los elementos que estaban en la base de la demanda era la educación  intercultural bilingüe, y eso efectivamente los teóricos lo tomaron, pero lo diseñaron desde una perspectiva estado nacional”, explica Melín.

Las dificultades de la consulta y participación indígena

Otra área donde se ha observado un proceso conflictivo entre empresas, entidades estatales y pueblos indígenas, es cuando se quiere aplicar el Convenio 169 ante un proyecto que busca explotar “recursos naturales”. Al respecto, el abogado Millamán afirma que actualmente lo que ha tenido más resultados es cuando se llega a juicio, puesto que el proceso previo no siempre se desarrolla debidamente.

“En materia de litigación pareciera que es más conveniente que no se haga consulta indígena para que después se vaya a tribunales porque no se cumplió con ese requisito y así se logra detener proyectos, eso ha tenido mayores resultados. Muchas empresas no se oponen a la consulta porque saben que no va a influir mucho en el rechazo o aprobación de sus proyectos”, enfatiza Millamán.

Asimismo,  el abogado añade que “a veces se menciona que se hace consulta indígena para cumplir con el requisito, pero ¿de qué sirve si ni siquiera los resultados se tomaron en cuenta en las decisiones?”, señala.

El profesor con mención en interculturalidad, Miguel Melín, por su parte, conoce de cerca las dificultades que trae consigo una inefectiva aplicación de la consulta indígena, ya que en conjunto a comunidades mapuche de Kurakautin, le tocó ir a juicio cuando una hidroeléctrica intentaba instalarse en el río Cautín. 

“Tuvimos que recurrir a tribunales porque no hubo consulta y porque había afectación, la empresa siempre dijo lo contrario pero nosotros demostramos que quizás no hay afectación físicamente, pero que sí había desde la perspectiva mapuche”, explica el profesor.

Al respecto, el abogado Millamán, puntualiza que a pesar de ser esta una de las formas más efectivas a la que los pueblos indígenas recurren al detener proyectos, no se debería llegar a esas instancias teniendo un instrumento de integración indígena como la consulta.

 “No deberíamos llegar a la instancia de judicializar, las autoridades ya deberían tener más internalizado el tema de la consulta indígena. Están logrando con esta actitud que las comunidades pierdan el interés de resolver los conflictos mediante esta vía y es peligroso porque le quitan eficacia a lo que el ordenamiento jurídico internacional y nacional ha reconocido para efectos de  dialogar y resolver conflictos entre el pueblo indígena y el estado, en este caso”, expresa Millamán.

No obstante, ante tales dificultades y los poderes que están detrás de esos proyectos, el profesor Melín expresa que hoy es importante que los/as indígenas conozcan la significancia de los espacios territoriales. 

“Yo creo que lo más relevante que podemos hacer los pueblos indígenas es conocer nuestro territorio y comunicar cómo los habitantes del territorio tienen incorporado los significados de los espacios, ahí está la clave. Es lo que en la defensa judicial se llama un informe cultural, eso tiene que ser potente y evidenciar elementos, como por ejemplo, los humedales, zona de lawen, ocupación antigua, descripción de toponimia, entre otras cosas, porque con esas cosas nuestros ancestros denominaron y le dieron un significado a diversos espacios, por eso las zonas adoptan nombres como tolhuaca, Kautin, etc”, explicó Melín.

Escrito por: Isadora Huaiquilao